Corte Suprema 25.01.2010

Santiago, veinticinco de enero de dos mil diez.

Vistos:

En el motivo decimonoveno se sustituyen las expresiones “embarras” y “legisladoras” por “en barras” y “de las generadoras”, respectivamente.

En el basamento vigésimo segundo se cambia la voz “infección” por “infracción”.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que en estos autos, IBEROAMERICANA DE ENERGIA IBENER S.A. ha deducido apelación en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de diez de septiembre de dos mil nueve, escrita a fojas 659, que rechazó la reclamación de ilegalidad que se dedujera en contra de la Resolución Nº 1434, de 14 de agosto de 2003, dictada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles;

Segundo: Que la referida Resolución Nº 1434, de 14 de agosto de 2003, emanada de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, aplicó a la reclamante las siguientes sanciones:

a ) una multa ascendente a la suma de 250 unidades tributarias anuales, en su condición de empresa integrante del CDEC-SIC, por no preservar ese órgano la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, según se determinó en la investigación de la falla generalizada del SIC ocurrida el día 23 de septiembre de 2002, lo que constituye una transgresión a lo dispuesto en el artículo 81 nº 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, disposición que se complementa y desarrolla en los artículos 165, 172 letras d) y f), 181 letras d) y e) y 184 del Decreto Supremo Nº 327, de 1997, también de Minería, infracción que se estimó gravísima por tratarse de una falla generalizada en el funcionamiento del sistema eléctrico, en los términos indicados en el artículo 15 de la Ley Nº 18.410;

b) una multa ascendente a la suma de 100 unidades tributarias anuales por la responsabilidad que le corresponde en su condición de empresa integrante del CDEC-SIC, al no proceder ese organismo a coordinar el desprendimiento de consumos en los puntos del sistema que así lo requerían y regular de esa manera la frecuencia, lo que hubiese permitido aminorar significativamente los perniciosos efectos de la falla generalizada, todo lo cual constituye un incumplimiento de la obligación de coordinar la desconexión en barras de consumo tipificada en el artículo 181 letra c), en relación con el artículo 172 letra h), ambos del Decreto Supremo Nº 327, de 1997, de Minería;

c) una multa ascendente a la suma de 150 unidades tributarias anuales por la responsabilidad que le corresponde en su condición de empresa integrante del CDEC-SIC, al no proporcionar este último organismo la información completa requerida por la superintendencia y con la inmediatez necesaria, según se estableció en la investigación de la falla generalizada del sistema eléctrico antes aludida, lo que constituye incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 323, letra h) y 324 letra a) ambos del Decreto Supremo Nº 327, de 1997, de Minería;

Tercero: Que previo a analizar los distintos fundamentos de la apelación, conviene apuntar los hechos que se han dado por establecidos en el fallo, a saber:

a) el lunes 23 de septiembre de 2002, siendo las 11:24 horas se produjo un apagón generalizado o black out en el Sistema Interconectado Central (SIC) desde Tal-Tal a Linares, que tuvo su origen en el bloqueo de la protección de distancia SEL 321-1, ante el corte de un conductor en la fase inferior de la línea nº 2, de 220 KV, Alto Jahuel Cerro Navia, de propiedad de la empresa transmisora HQI Transelec S.A.; que el servicio se restableció gradualmente y que finalmente se repuso a las 13:15 horas (motivo 12° del fallo apelado);

b) en la investigación se estableció que el origen del apagón fue el corte de uno de los conductores de la línea antes mencionada por fatiga de material. Se estableció, también, que las protecciones, dispositivos electrónicos que permiten detectar una falla y dar órdenes automáticas de apertura a elementos electromecánicos para aislarla y disminuir sus efectos, operaron erróneamente por estar mal programadas, lo que produjo el colapso total del sistema, en alrededor de 3 segundos (mismo considerando);

c) una vez producido el corte, la recuperación del servicio se vio retrasada porque no pudieron entrar y sincronizar con el sistema las centrales de Colbún y Machicura y la turbina TG 9 B de propiedad de Colbún. Las primeras no pudieron sincronizar en Alto jahuel, porque no operó el cierre remoto del interruptor de interconexión, lo que impidió la reconexión telecomandada. La turbina no funcionó porque falló su sistema de partida autónoma (mismo fundamento);

d) no consta que se hayan elaborado los procedimientos destinados a cumplir en cada nivel de generación y transporte las exigencias de calidad del servicio que obliga el reglamento, lo que se hizo evidente en este caso entre las empresas integrantes del CDEC-SIC, del cual forma parte la recurrente, que al producirse el corte de un conductor de la línea ALTO Jahuel- Cerro Navia, operaron erróneamente las protecciones de la línea por un equivocada programación, de lo que aparece que de parte de la reclamante no existió preocupación para que el CDEC-SIC del que es miembro adoptara las providencias destinadas a conocer el estado de los mecanismos de protección, disponiéndose las mantenciones pertinentes ( basamento 17° de la aludida sentencia);

e) en la especie las empresas componentes del CDEC-SIC no supervisaron ni cumplieron otros programas establecidos por su dirección de operaciones a fin de preservar la seguridad instantánea del suministro, puesto que la deficiencia de tales planes quedaron de manifiesto tanto en el diseño como en la ejecución del plan de recuperación del servicio eléctrico ante el corte del cable; lo anterior resultó evidente al constatarse que la turbina Nehuenco 9B, a la que correspondía iniciar el proceso de recuperación del servicio de acuerdo al plan de recuperación, requería modificaciones puesto que falló el grupo de emergencia para su puesta en marcha; y nuevamente mostró falencias al no poder ingresar oportunamente las centrales con Colbún y Machicura, en reemplazo de la turbina antes mencionada, pues no pudieron sincronizar en Alto Jahuel, por haber fallado el cierre remoto del interruptor de interconexión, lo que impedía la conexión telecomandada, lo que hubo de hacer manualmente varias horas después (considerando 18° mismo fallo);

f) fue justamente la descoordinación ante la disminución de suministro de energía en la zona de 154 kv Alto Jahuel en relación con la demanda de consumo, lo que contribuyó a la caída general del sistema (motivo 19°);

g) una vez producido el apagón se requirió información de este acontecimiento al CDEC-SIC en la misma fecha, la que debía entregarse en dos días hábiles a contar de su notificación, y la SEC sólo se enteró de un informe elaborado el 22 de octubre de 2002 por la dirección de operaciones del CDEC-SIC a raíz de los descargos presentados por otra empresa que forma parte de éste (razonamiento 20 de la sentencia apelada);

Cuarto: Que, además, de los hechos antes apuntados cabe tener presente que en sede administrativa se estableció que el corte del conductor que originó la falla eléctrica se debió a fatiga de material; que este desperfecto ocurrió en las instalaciones de otra empresa integrante del CDEC-SIC; que este hecho no fue desvirtuado tanto en sede administrativa como en la jurisdiccional, y que por sí sola dicha circunstancia denota la falta de mantención de las instalaciones.

Cabe recordar, también, que las empresas integrantes del CDEC-SIC, en tanto forman parte de este organismo de hecho, deben preocuparse de contar con los procedimientos adecuados y asegurarse de la debida mantención a fin de preservar la seguridad del servicio eléctrico de que se trata;

Quinto: Que, es conveniente resaltar que esta Corte entiende que la mantención del buen estado de las instalaciones no sólo dice relación con su conservación sino también, indudablemente, con su funcionamiento, lo que incide por cierto, en la existencia de procedimientos adecuados y la debida coordinación entre las empresas integrantes del CDEC-SIC;

Sexto: Que también es útil consignar que de acuerdo al artículo 150 letra b) del Decreto con Fuerza de Ley nº 1, denominado Ley Eléctrica, en su texto vigente a la fecha de los hechos, define a los Centros de Despacho Económico de Descarga CDEC como el organismo encargado de determinar la operación del conjunto de centrales generadoras y líneas de transporte de un sistema eléctrico, de modo que el costo del abastecimiento eléctrico sea el mínimo posible, compatible con una seguridad prefijada;

Séptimo: Que por otra parte y tal como lo dice el fallo apelado, concordando con lo que ha resuelto esta Corte en anteriores fallos sobre la misma materia, el Reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 327, de 1997, de Minería, dedica varias de sus disposiciones a regular la organización y funcionamiento de estos entes, entre las cuales “y en lo que interesa- está el artículo 171 que, junto con establecer que a dicha entidad le corresponde coordinar la operación del sistema eléctrico, señala que las instrucciones que sobre el particular imparta serán obligatorias para todas las centrales generadoras y líneas de transporte interconectadas al respectivo sistema.

Por último, cabe precisar que ni la ley ni el reglamento indican que este ente está dotado de personalidad jurídica, sin perjuicio de la existencia de acuerdos privados entre quienes lo conforman para los fines que estimen pertinente, lo que para estos efectos carece de relevancia;

Octavo: Que como sostiene la sentencia que se revisa en el fundamento vigésimo cuarto y lo ha sostenido este tribunal en forma reiterada, el CDEC es una entidad de hecho, formada por una agrupación de empresas generadoras y de transporte de energía, que por su intermedio realizan la coordinación de su actividad para el cumplimiento de las finalidades previstas en la legislación eléctrica; es una instancia o instrumento del que éstas se valen para llevar a cabo las tareas de coordinación, de manera que son éstas las responsables directas de las infracciones que se cometan ya que tienen la obligación de instar al interior del respectivo CDEC para que se dé cumplimiento a la normativa del ramo;

Noveno: Que, de otra parte, el artículo 81 de la Ley eléctrica, citado en fallo que se revisa, dispone que los concesionarios de cualquier naturaleza están obligados a llevar a cabo la interconexión de sus instalaciones cuando, con informe de la Comisión, se determine mediante decreto supremo del Ministerio del Interior.

La operación de las instalaciones eléctricas de los concesionarios que operen interconectados entre sí, deberá coordinarse con el fin de:

1.-Preservar la seguridad del servicio del sistema eléctrico;

2.-Garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico;

3.-Garantizar el derecho de servidumbre sobre los sistemas de transmisión establecidos mediante concesión.

Esta coordinación deberá efectuarse de acuerdo con las normas y reglamentos que proponga la Comisión.

Dispuesta la interconexión según lo establecido en el inciso 1° de este artículo y en caso de falta de acuerdo entre los concesionarios sobre la forma de realizar la interconexión y de efectuar el transporte o transferencia de la energía, la Comisión oirá a los concesionarios y entregará una recomendación al Ministerio del Interior quien resolverá al respecto.

La operación de aquellas centrales y sistemas de transmisión que no habiéndose establecido mediante concesión, operen en sincronismo con un sistema eléctrico, deberá ceñirse a las normas y reglamentos de coordinación de la operación que se mencionan en este artículo.

De la norma antes transcrita fluye con claridad que una empresa no concesionaria está también obligada a la interconexión y operando de esta forma, debe cumplir con las demás obligaciones a que se refiere el precepto como por ejemplo la que no se cumplió en la especie, de coordinarse a fin de preservar la seguridad del servicio.

Por otra parte, son hechos no controvertidos, que no han sido nunca negados por la reclamante, que IBENER S.A. opera interconectada y que forma parte integrante del CDEC;

Décimo: Que, también, conviene recordar que en el caso de infracciones a las leyes y reglamentos acreedoras de sanción, ellas se producen por la contravención a la norma sin que sea necesario acreditar culpa o dolo de la persona natural o jurídica, pero esto no la transforma en una responsabilidad objetiva como quiera que ésta sólo atiende a la relación de causalidad y al daño, en cambio en aquélla el elemento esencial es la infracción a la ley y/o al reglamento, pudiendo considerarse este elemento de antijuricidad como constitutivo de una verdadera culpa del infractor;

Undécimo: Que es lo cierto que la reclamante de autos no dio cumplimiento a diversas obligaciones que, en su condición de integrante del CDEC-SIC, le imponía el Reglamento. La responsabilidad que en este episodio corresponde a la reclamante, entonces, no es de carácter objetivo, sino que obedece a una conducta culposa suya, exteriorizada en la inobservancia de las prescripciones contenidas en la reglamentación eléctrica. Queda al margen de duda, por consiguiente, que en la especie existía para la reclamante un deber legal de cuidado que ella vulneró, manifestando de esta manera negligencia y falta de cautela al omitir los resguardos de seguridad dispuestos en el Reglamento;

Duodécimo: Con todo, esta Corte no puede dejar de señalar que la sanción impuesta a la recurrente no dice relación con la falla que produjo el corte del cable o por el mal estado o falta de mantenimiento de las instalaciones ajenas, ni por su conducta individual en la ocurrencia o recuperación del corte de energía eléctrica sino por la circunstancia de ser miembro del CDEC-SIC y no haber adoptado las medidas para que, ante un evento como el acontecido, se hubiese procedido a una rápida recuperación del servicio eléctrico;

Decimotercero: Que así las cosas, los dos primeros motivos de apelación deben ser desestimados como pasa a demostrarse.

En efecto, el primero “que se refiere a la omisión de la prueba producida por la recurrente en orden a acreditar que individualmente no tenía responsabilidad alguna en la falla que considera imprevista y que ocasionó el apagón-, porque delimitado el ámbito de responsabilidad que se persigue en este caso, según lo razonado en el fundamento precedente, la evidencia aportada resulta irrelevante.

En seguida, en cuanto al segundo argumento en el cual se funda el recurso, esto es, que su parte no tiene la calidad de concesionaria y por ende se encuentra eximida de responder al no estar obligada a coordinarse “alegación nueva que se introduce recién en la apelación y que por esa sola razón no procede sea admitida- también debe ser rechazado ya que, como antes se dijo, como empresa integrante del CDEC que actúa en el sistema interconectada se encuentra obligada a coordinarse a fin de preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico; ésta es la obligación por cuyo incumplimiento se ha sancionado;

Decimocuarto: Que la apelante también alega que el procedimiento administrativo caducó por haberse excedido la administración en el plazo de seis meses de duración del procedimiento sancionatorio que contempla el artículo 27 de la Ley 19.880, debiendo tenérsele por abandonado, caso en el cual el plazo de prescripción de la acción fiscalizadora, de seis meses de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 94 del Código Penal, continuó corriendo desde la fecha de los hechos -23 de septiembre de 2002- hasta la época en que se dictó la sanción, ésta se encontraba prescrita. Además alega que la SEC se demoró más de diez meses en resolver la reposición deducida en contra de la resolución que le impuso la multa.

Baste considerar para rechazar este motivo de la apelación que, como ha sostenido esta Corte, el plazo de prescripción debe contarse desde la fecha de ocurrencia del hecho hasta la formulación de cargos o hasta la fecha en que la autoridad fiscalizadora tomó conocimiento del suceso. En el presente caso, cualquiera sea el plazo de prescripción que se considere- 6 meses o 5 años- ninguno de ellos había transcurrido entre esos hitos.

Por último, los plazos a que está sujeta la Administración no tienen el carácter de fatales y su incumplimiento sólo genera responsabilidad administrativa;

Decimoquinto: Que en lo concerniente a la sanción por no haber suministrado oportunamente la información requerida a la autoridad, cabe señalar que se encuentra establecido que una vez producido el apagón se requirió información de este acontecimiento al CDEC-SIC en la misma fecha, la que debía entregarse en dos días hábiles a contar de su notificación, y la SEC sólo se enteró de un informe elaborado el 22 de octubre de 2002 por la dirección de operaciones del CDEC-SIC a raíz de los descargos presentados por otra empresa que forma parte de éste (razonamiento 20 de la sentencia apelada).

Cabe hacer presente que es responsabilidad del CDEC y de las empresas cumplir la normativa eléctrica legal y reglamentaria, en este caso con la obligación de proporcionar a la autoridad administrativa la información cuando le es requerida y en todo caso, sin previo requerimiento, cuando se trata de un hecho esencial relativo a la actividad fiscalizada, lo que en la especie no se cumplió en forma oportuna ni completa tal como lo reconoce la propia recurrente.

El recurso de apelación, en consecuencia, debe ser desestimado en esta parte;

Decimosexto: Que, en cuanto a la vulneración del principio jurídico expresado en el aforismo “non bis in ídem” que advierte el recurrente, también debe ser rechazado puesto que semejante aseveración carece de asidero desde que atentos al mérito de los antecedentes es posible concluir que en la especie se encuentran configuradas con claridad tres infracciones distintas, que la Resolución que fuera objeto del reclamo de autos sanciona, y que se han reseñado en el fundamento segundo de este fallo;

Decimoséptimo: Que, en subsidio de la petición principal, la apelante ha solicitado rebaja prudencial del monto fijado por concepto de multa lo que está relacionado con su alegato de falta de proporcionalidad de las multas impuestas.

Sobre este particular valga señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 18.410 para los efectos de imponer la sanción debe considerarse la importancia del daño causado, el porcentaje de usuarios afectados, adquiriendo especial relevancia a juicio de estos sentenciadores la participación que tuvo la apelante en la denominada zona sur del sistema interconectado central, que no sufrió cortes y se mantuvo operativo. Además no pasa inadvertido para este tribunal la capacidad económica del infractor, en este caso Ibener, y su compromiso prestado en la continuidad del servicio, todo lo cual fue debidamente acreditado en la causa con el mérito de la documental y testifical rendidas por la empresa.

En estas circunstancias esta petición resulta atendible y se acogerá en la forma en que se pasa a decir en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Nº 18.410, se confirma la sentencia de diez de septiembre de dos mil nueve, que se lee a fojas 659, con declaración que se rebajan todas y cada una de las multas impuestas a IBENER S.A. en un cincuenta por ciento.

En consecuencia, la recurrente queda condenada, en definitiva, al pago de las siguientes multas:

a) una multa ascendente a la suma de 125 unidades tributarias anuales, en su condición de empresa integrante del CDEC-SIC, por no preservar ese órgano la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, según se determinó en la investigación de la falla generalizada del SIC ocurrida el día 23 de septiembre de 2002, lo que constituye una transgresión a lo dispuesto en el artículo 81 nº 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, disposición que se complementa y desarrolla en los artículos 165, 172 letras d) y f), 181 letras d) y e) y 184 del Decreto Supremo Nº 327, de 1997, también de Minería, infracción que se estimó gravísima por tratarse de una falla generalizada en el funcionamiento del sistema eléctrico, en los términos indicados en el artículo 15 de la Ley Nº 18.410;

b) una multa ascendente a la suma de 50 unidades tributarias anuales por la responsabilidad que le corresponde en su condición de empresa integrante del CDEC-SIC, al no proceder ese organismo a coordinar el desprendimiento de consumos en los puntos del sistema que así lo requerían y regular de esa manera la frecuencia, lo que hubiese permitido aminorar significativamente los perniciosos efectos de la falla generalizada, todo lo cual constituye un incumplimiento de la obligación de coordinar la desconexión en barras de consumo tipificada en el artículo 181 letra c), en relación con el artículo 172 letra h), ambos del Decreto Supremo Nº 327, de 1997, de Minería;

c) una multa ascendente a la suma de 75 unidades tributarias anuales por la responsabilidad que le corresponde en su condición de empresa integrante del CDEC-SIC, al no proporcionar este último organismo la información completa requerida por la superintendencia y con la inmediatez necesaria, según se estableció en la investigación de la falla generalizada del sistema eléctrico antes aludida, lo que constituye incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 323, letra h) y 324 letra a) ambos del Decreto Supremo Nº 327, de 1997, de Minería.

Acordada la rebaja de las multas aplicadas a la reclamante contra el voto del Abogado Integrante señor Guillermo Ruiz Pulido, quien estuvo por mantener su cuantía en virtud de los fundamentos dados por la sentencia reclamada.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.

Nº 7248-09.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Pedro Pierry, Sr. Haroldo Brito y los Abogados Integrantes Sr. Domingo Hernández y Sr. Guillermo Ruiz. No firman, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo los Ministros señores Pierry y Brito por estar ambos en comisión de servicios. Santiago, 25 de enero de 2010.

Autorizada por la Secretaria subrogante de esta Corte Sra. Carola Herrera Brümmer.

En Santiago, a veinticinco de enero de dos mil diez, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.